La quema de residuos verdes sigue siendo una práctica común en nuestra sociedad, lo cual pone de manifiesto las carencias del sistema actual y la necesidad de establecer medidas de gestión más sostenibles.
La calidad del aire en la C.A.P.V. se ha caracterizado por los impactos provenientes del sector industrial, no obstante, durante la última década las instituciones públicas han impulsado actuaciones de seguimiento y mejora dirigidas a cambiar esta situación, siendo en la actualidad las emisiones del tráfico, las domésticas y las generadas por las quemas al aire libre, las principales fuentes contaminantes de la atmósfera.
Esta última fuente viene promovida predominantemente por particulares y aunque resulta una actividad regulada, e incluso aceptada socialmente, supone un riesgo importante para el medio ambiente. Además de las emisiones de material particulado y otros agentes perjudiciales para la salud de las personas, las quemas al aire libre son causantes de otros impactos negativos sobre el entorno, como puede ser el aumento en el riesgo de incendios, o la mayor erosión de los suelos.
Con el objetivo de minimizar estas quemas, la implantación de sistemas avanzados de gestión, donde los residuos verdes son tratados mediante triturado para su reutilización en procesos de compostaje, se identifica como la alternativa sostenible de futuro, ya que estos materiales presentan una baja tasa de aprovechamiento energético y un importante nivel de compuestos corrosivos, lo cual limita su uso en calderas de biomasa. En este punto, cabe mencionar la importancia de realizar un diagnóstico sobre la gestión inicial, lo cual permite determinar particularidades sobre los nuevos servicios a poner en marcha.
Desde el área de Sostenibilidad y Medio Ambiente de IK4-Azterlan se han identificado dos líneas estratégicas de trabajo en la implantación de un sistema avanzado de gestión de residuos verdes. Por un lado, la puesta en marcha de nuevos servicios de gestión y por otro lado, la ejecución de campañas de información y sensibilización ciudadana. La aceptación social y la regulación legislativa existente sobre las quemas hacen que este segundo punto resulte de vital importancia para el correcto desarrollo del proyecto. Los responsables de realizar las quemas deben percatarse de los impactos negativos generados sobre el medio ambiente y para ello, resulta fundamental una comunicación preferencial hacia este colectivo.
El cambio en la gestión y el tratamiento de los residuos resulta un tema de confrontación social. Sin embargo, el impulso institucional de los últimos años por la práctica del autocompostaje ha generado una demanda importante de estructurante (material vegetal seco y esponjoso generado a partir de residuos verdes), ya que su correcto desarrollo exige el mismo volumen de residuo orgánico domiciliario que de residuo verde, lo cual supone una media de 150 kg anuales por familia.
Si bien existen puntos limpios comarcales (Garbigunes), en este nuevo contexto, la implantación de puntos limpios específicos para los residuos verdes cerca de las zonas rurales se identifica como una clave de éxito. La dificultad de transporte que presentan debido a su gran volumen hace que, a pesar de que se prohíban las quemas, sea necesaria la adecuación de nuevas infraestructuras cercanas a los puntos de generación. Por todo ello, actualmente se está planteando un sistema descentralizado de puntos de recepción y tratamiento de los residuos verdes, donde los servicios municipales, o bien las empresas subcontratadas para el mantenimiento de los espacios verdes se encargan de las labores de triturado.
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